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Friday, March 30, 2012

Carta abierta a Marcelo Ebrard, se solicita cesen agesiones en contra del abogado Lauro Sol

Marcelo Ebrard Casaubon, jefe de Gobierno del DF:

Nos dirigimos a usted para solicitar su intervención con el propósito de frenar las agresiones continuas contra Lauro Sol Orea, presidente de la junta especial 15 de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del DF (JLCADF), a quien se busca destituir arbitrariamente de dicho encargo.

En esta ocasión se utiliza a la contraloría interna para imputarle una supuesta falta administrativa, que se hace valer de hace mas de un año, sin que exista queja de parte interesada ni perjuicio a ninguna persona.

Con lo anterior se confirma el propósito deliberado e injusto de reprimir a este prestigiado jurista, en razón de actuar con independencia y estricto apego a derecho, así como por haberse pronunciado en diversos foros contra el aberrante decreto antisindical promovido por el presidente titular del JLCADF, Ramón Montaño Cuadra, con el cual se pretende implantar, en los hechos, la contrarreforma laboral impulsada por el gobierno panista.

Alfredo Sánchez Alvarado, Jesús González Schmall, Jaime Cárdenas, Jorge Olvera Quintero, Ezequiel Pineda, Pedro Alcántara, Enrique Larios, María Luisa Campos, Bernardo Bátiz, Arturo Alcalde, Óscar Alzaga y 60 firmas más


Alto a las agresiones contra Lauro Sol

En el colmo del autoritarismo, el presidente titular de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, Ramón Montaño Cuadra, ha lanzado una campaña contra el abogado Lauro Sol Orea, presidente de la junta especial 15; incluso ha pedido al jefe de Gobierno del DF, Marcelo Ebrard, la destitución de Sol Orea. Detrás de estas agresiones están las posturas ética y profesional del abogado democrático en defensa de los trabajadores y, de manera especial, su oposición pública al aberrante decreto promovido por Montaño Cuadra el 27 de octubre, el cual atenta directamente contra los derechos de libertad sindical, contratación colectiva y de huelga que se consagran en nuestra Constitución y en los diversos tratados internacionales que nuestro país ha ratificado.

Quien tiene que irse es Montaño Cuadra y no un abogado como Sol Orea, de trayectoria distinguida por la defensa de los derechos de quienes no tienen más que su trabajo. Exigimos al jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, que actúe en coherencia con sus postulados progresistas y evite más barbaridades en la JLCADF.

Héctor de la Cueva

Wednesday, March 14, 2012

Inicia Canadá deportaciones de mexicanos
14 Marzo 2012
Fuente: Milenio

- Datos oficiales, obtenidos por el Consejo Canadiense de Refugiados (CCR), detallan que 6 mil 114 mexicanos pidieron asilo político en Canadá en 2011 y de esas, 4 mil 63 solicitudes fueron denegadas por las cortes migratorias, es decir, sus peticionarios serán deportados.



Montreal • Los cinco pasajeros –cuatro hombres y una mujer— son de los últimos en abordar el vuelo 5254 de Aeroméxico antes del cierre de la puerta y el inicio de operaciones para el despegue. Todos muestran el mismo rostro descompuesto: marchan en silencio, en fila india, escoltados por policías federales canadienses vestidos de negro.

Uno tras otra son llevados por sus chaperones a sus asientos designados. Ya sentados, sin posibilidad de escape, los guardias entregan a las azafatas un bonche de pasaportes verde olivo, con la instrucción de sólo regresarlos a sus dueños hasta dentro de 3 mil 700 kilómetros, al aterrizar en la Ciudad de México. Es lo último que verán de Canadá.

Para un creciente número de mexicanos, la aventura migratoria al norte está terminando del brazo de un policía armado, con una orden de expulsión en la mano y en las pistas de despegue de los aeropuertos Jean Lesage de Montreal y Pearson de Toronto, convertidos actualmente en dos de los principales puntos de deportación de la oleada mexicana de solicitantes de refugio que en los últimos años vino a este país.

Datos oficiales, obtenidos por el Consejo Canadiense de Refugiados (CCR), detallan que 6 mil 114 mexicanos pidieron asilo político en Canadá en 2011 y de esas, 4 mil 63 solicitudes fueron denegadas por las cortes migratorias, es decir, sus peticionarios serán deportados. Otras 880 aplicaciones fueron retiradas y sólo mil 43 tuvieron éxito en su intento por recibir el estatus de asilado, el equivalente al 19.9 por ciento.

Por toda Canadá es la misma historia: deportados a ritmo diario, según distintos reportes de prensa y organizaciones no gubernamentales. La Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó a MILENIO que el gobierno canadiense no suele informarle de deportaciones, pero detalló que ha tomado conocimiento de varios casos. Apenas la semana pasada, cinco mexicanos a punto de la expulsión se acercaron al consulado en

Vancouver para pedir documentos de nacionalidad y facilitar su regreso a México. Con escenas como las anteriores repitiéndose todos los días, el siguiente capítulo de la telenovela migratoria entre México y Canadá está arrancando. A casi tres años de que el gobierno del premier Stephen Harper impuso el visado bajo el argumento de que su sistema de asilo político estaba por colapsar frente a un alud de peticiones mexicanas, los juicios interpuestos por miles de connacionales para tratar de permanecer en este país han comenzado a concluir de forma desfavorable para la gran mayoría.

El argumento de las cortes de inmigración es, por lo general, el mismo: los mexicanos no pueden reclamar asilo porque el Estado mexicano puede darles protección, a diferencia de lo que sucede en países como Colombia, Afganistán o Irak, cuyas aplicaciones de refugio tienen mucho más éxito. Correspondientemente y ya sin trabas legales enfrente, las autoridades canadienses han acelerado la deportación de migrantes que han perdido sus últimas apelaciones y que ya no tienen otra herramienta para permanecer en el país, según denuncias de activistas mexicanos.

“Todos los días están expulsando a mexicanos que van perdiendo sus juicios. Los están regresando a enfrentar la violencia”, dijo Oscar Carrillo, dirigente del movimiento Mexicanos Unidos por la Regularización o Mexicains Unis pour la Regularization, una agrupación de resistencia jurídica en la que se han reunido 200 connacionales a punto de ser deportados del Canadá francófono. “Los mexicanos somos la comunidad extranjera más salvajemente golpeada por las deportaciones”.

No existen cifras oficiales sobre el número de deportados, pero este diario pudo presenciar la semana pasada, en el aeropuerto de Montreal, la deportación de cinco mexicanos, dos de los cuales eran trabajadores de un restaurante de comida mexicana en Quebec. Habían arribado a Canadá en la cresta de la oleada migratoria que llevó en los últimos 10 años a miles de ciudadanos –quizá 40 mil-- a buscar suerte al norte del continente americano.

“En Quebec como 15 mil mexicanos vinieron a pedir refugio y sólo el 1 ó 2 por ciento se están quedando”, confió un funcionario de la Cruz Roja Internacional, que pidió el anonimato por no estar autorizado para emitir comentarios. “Está bien claro: los vuelos a México están repletos de deportados”.



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… de pechito a Florence
De monstruos y política
Fuente: Milenio, Marco Rascón
2012-03-14


Así como las crisis nos hicieron a todos economistas, así la violencia nos ha hecho investigadores, buscadores de pistas, licenciados, jueces y juristas. Lección: hemos aprendido en el castigo.

El proyecto de resolución del ministro Arturo Zaldívar ha puesto de cabeza la cultura judicial mexicana, basada en que los ciudadanos son culpables hasta que no prueben lo contrario y de que para los jueces, el mejor proceso es el que ya tiene culpable.

Así como antes la prueba reina para acusar era la confesional del detenido y de ello se hizo institucional la tortura para procesar y sentenciar, hoy son las escenas y lo mediático, los que dictan culpabilidad o inocencia con base en el rating y el papel asignado a los protagonistas de cada caso. El ministro Zaldívar ha puesto en jaque todo un concepto de parcialidad procesal y de prácticas policiales basadas en lo mediático, que al ser revisadas, no se sostienen, creando impunidad para unos o condena de inocentes.

Esto es lo sucedido en el caso de Florence Cassez, que luego intentó institucionalizarse a través de la serie televisiva El Equipo ideada por el mismo Genaro García Luna, actual director de la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP), donde el caso de la Cassez pareciera haber sido el primer capítulo de la serie o un ensayo para emular la insurgencia policial a su mando.

Antecedentes existen muchos, pero recordemos por ejemplo para ilustrar, las campañas mediáticas de Tv Azteca en el caso Paco Stanley para liberar a Mayito de la acusación de complicidad con el crimen y donde al final era más importante la trama de pasiones que el crimen mismo, a la manera de “Pupetta o el fin de la camorra” que nos relatara Hans Magnus Enzensberger en su libro Política y delito, muy cercano a lo que pasa hoy en México y donde coexisten visiones autoritarias con rostros de salvadores de la patria como Rafael Leonídas Trujillo, empresarios benefactores como Al Capone y juicios mediáticos que sirven para construir impunidades.

El ministro Zaldívar con su proyecto de resolución ha puesto cara a cara a la legalidad y la justicia. En este sentido, la corrupción procesal creó duda razonable sobre la acusada y por tanto, de salir libre Florence Cassez, será en calidad de inocente, no por concesión ni excepción, a consecuencia de los vicios procesales desde su detención.

El punto central de preocupación, coincidimos, son las víctimas de los secuestros, ante las cuales el Estado mexicano y el sistema de justicia debe establecer la verdad y castigar a los responsables; sin embargo, no se puede sustituir la justicia con venganza y por ello, de la certeza procesal y el valor de las pruebas, se debe llegar a la verdadera justicia condenando a los culpables.

No puede haber justicia sin claridad procesal en los juicios. Cuando la descomposición social se desborda como ahora, una justicia débil busca justificarse y convierte la necesidad de justicia en razzias, linchamientos y hace de las prisiones un infierno de imprecisión de culpables e inocentes; es ahí donde el Poder Judicial se convierte en parte del problema y no de la solución. ¿Cuántos sentenciados o encarcelados son producto de la ilegalidad procesal?

En el ambiente creado por los medios y el gobierno, se apela hoy al chovinismo mexicano, a fin de construir una reacción contra el proyecto de resolución del ministro Arturo Zaldívar, tratando de convertirlo en un asunto de afrenta nacional. No es así.

El caso es trascendente al exponer lo que convierte la acción policial en actos ilegales; en lo que genera la espiral de violencia al poner en el mismo nivel a las fuerzas del Estado con los delincuentes, que condujo al concepto de “guerra” y deriva hoy en una nueva guerra sucia del Estado contra los delincuentes que agrava y no resuelve, pues en esa guerra se establecen reglas y códigos negros, semejantes a la omertá de los mafiosos, donde el ojo por ojo sustituye al Estado y la ley.

Hoy, la credibilidad en las fuerzas del Estado y la justicia, depende del apego a la legalidad. La tragedia es que la mayoría de los 50 mil muertos y los cientos de desaparecidos son doblemente víctimas, pues por la forma de morir se les considera delincuentes de facto y por tanto se acepta y justifica su muerte. Creemos en el prejuicio, no en los juicios.

En este debate lo que importa no es Florence Cassez, sino el proyecto de resolución del ministro Arturo Zaldívar que convoca a terminar con la simulación que deriva en impunidad e injusticia. Ojalá que la decisión final de la Suprema Corte sea un punto de partida para una verdadera cultura de justicia.

Para reclamos, fue Genaro García Luna, no Arturo Zaldívar, quien deshizo las pruebas de Ezequiel Yadir y le puso la inocencia de pechito a Florence Cassez.

http://www.marcorascon.org

Friday, March 09, 2012

Las víctimas ignoradas de Cassez
Jorge Fernández Menéndez
Fuente: Excelsior


Hablan las víctimas de Florence Cassez. “Mi nombre es Cristina Ríos Valladares y fui víctima de un secuestro, junto con mi esposo Raúl (liberado a las horas siguientes para conseguir el rescate) y mi hijo de entonces 11 años de edad. Desde ese día nuestra vida cambió totalmente.

Hoy padecemos un exilio forzado por el miedo y la inseguridad. Mi familia está rota. Es indescriptible lo que mi hijo y yo vivimos del 19 de octubre de 2005 al 9 de diciembre del mismo año: 52 días de cautiverio en el que fui víctima de abuso sexual y, los tres, de tortura sicológica.

El 9 de diciembre fuimos liberados en un operativo de la Agencia Federal de Investigación (AFI). Acusados de nuestro secuestro fueron detenidos Israel Vallarta y Florence Cassez, esta última de origen francés, quien ahora se presenta como víctima de mi caso y no como cómplice del mismo. Desde nuestra liberación mi familia y yo vivimos en el extranjero. No podemos regresar por miedo, pues el resto de la banda de secuestradores no ha sido detenida.

Hasta nuestro refugio, pues no se puede llamar hogar a un lugar en el que hemos sido forzados (por la inseguridad) a vivir, nos llega la noticia de la sentencia de 96 años a la que ha sido merecedora Florence Cassez, la misma mujer cuya voz escuché innumerables ocasiones durante mi cautiverio, la misma voz de origen francés que me taladra hasta hoy los oídos, la misma voz que mi hijo reconoce como la de la mujer que le sacó sangre para enviarla a mi esposo, junto a una oreja que le harían creer que pertenecía al niño”.

“Ahora escucho que Florence clama justicia y grita su inocencia. Y yo en sus gritos escucho la voz de la mujer que, celosa e iracunda, gritó a Israel Vallarta, su novio y líder de la banda, que si volvía a meterse conmigo (entró sorpresivamente al cuarto y vio cuando me vejaba) se desquitaría en mi persona.

“Florence narra el ‘calvario’ de la cárcel, pero desde el penal ve a su familia, hace llamadas telefónicas, concede entrevistas de prensa y no teme cada segundo por su vida. No detallaré lo que es el verdadero infierno, es decir, el secuestro. Ni mi familia ni yo tenemos ánimo ni fuerzas para hacer una campaña mediática, diplomática y política (como la que ella y su familia están realizando) para lograr que el gobierno francés y la prensa nacional e internacional escuchen la otra versión, es decir, la palabra de las víctimas de la banda a la que pertenece la señora Cassez.

Pero no deja de estremecernos la idea de que Florence, una secuestradora y no sólo novia de un secuestrador (con el que vivía en el mismo rancho y durante el mismo tiempo en el que permanecimos mi hijo y yo en cautiverio), ahora aparezca como víctima y luche para que se modifique su sentencia. Si lo logra o no, ya no nos corresponde a nosotros, aunque no deja de lastimarnos.”

La propuesta de resolución del ministro Arturo Zaldívar, que será sometida a la aprobación de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia el próximo 21 de marzo, no atiende en absoluto a las víctimas de Florence Cassez; también ignora el hecho de que está plenamente acreditada su participación en por lo menos tres secuestros (se considera que intervino en cinco); ignora las sentencias de otros cuatro tribunales que la consideraron culpable (y sólo redujeron su condena de 96 a 60 años de prisión). Dice el ministro que las garantías procesales de Cassez fueron vulneradas, porque no la presentaron inmediatamente después de su detención ante el Ministerio Público y porque no recibió de inmediato atención de su consulado.

Según la Procuraduría General de la República, no fue presentada de inmediato ante el Ministerio Público para poder llegar al rancho donde estaban secuestradas dos personas y liberarlas y que, en cuanto fue puesta a disposición del Ministerio Público, se comunicaron al consulado francés, pero que fue éste el que demoró horas en responder. Todo esto puede ser objeto de controversia, como lo es el manejo mediático que se le dio a su captura, pero no la participación de Cassez en los secuestros.

Resulta triste que los testimonios de las víctimas de Cassez terminen siendo algo sin sustancia, según sus defensores: ¿podrían explicarnos cómo se ponen de acuerdo en detalles cinco testigos, cinco víctimas de distintos secuestros que, incluso varios de ellos, como consecuencia precisamente del secuestro, se fueron a vivir fuera del país? A Cassez la reconocieron sus víctimas, vivía en la casa donde estaban secuestradas por lo menos dos personas al momento de su detención. Esa casa, que era además su domicilio legal, la compartía con el jefe de la banda de secuestradores, que además era su pareja, Israel Vallarta.

Los otros integrantes de la banda reconocen a Cassez como cómplice. Y eso está probado y confirmado y la condena contra Cassez se basa en eso. Pero Zaldívar pide su liberación inmediata porque se violaron, dice, sus derechos procesales.

La decisión está en manos de los ministros de la Primera Sala de la SCJN.

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Pues resulta que Florence no es tan vehementemente inocente
La historia en breve
Ciro Gómez Leyva / Fuente: Milenio
2012-03-09


La PGR pareció darse cuenta de que el abogado de Florence Cassez, Agustín Acosta, les había comido el mandado el miércoles y reaccionó ayer con la fuerza argumental del Estado.

Acosta se prendió del proyecto del ministro de la Suprema Corte Arturo Zaldívar para fijar, con talento, la idea de que Florence era “vehementemente inocente”, y que los 60 años de encierro a que la condenó la justicia mexicana por secuestro significaban una atrocidad desmedida. La PGR recordó entonces que la francesa fue detenida en flagrancia y reconocida por las víctimas, antes de sentenciar que “sería grave que a partir de un video se interprete que las víctimas deformaron lo que vivieron durante su secuestro”.

Para la PGR, en síntesis, el presunto desaseo en el proceso legal podría ser materia de responsabilidad, pero no una causa para alterar el fallo condenatorio.

Después, medio mundo se metió a opinar a favor y en contra: el presidente Sarkozy, el secretario Poiré, presidentes de comisiones de Derechos Humanos, luchadores sociales. Y la Suprema Corte optó por subir a internet el proyecto completo del ministro Zaldívar. Vaya caso.

Gabinete de Comunicación Estratégica levantó ayer una encuesta telefónica nacional (600 entrevistas) para preguntar si Florence era culpable o no. Me sorprende la respuesta: 58 por ciento piensa que sí lo es y solo 10 por ciento cree que es inocente.

¿Por qué la Suprema Corte decidió calentar así un asunto tan grave? Si ese fue el objetivo, quedó más que cumplido.

Ahora son el gobierno, la PGR y seis de cada diez mexicanos contra la interpretación del ministro Zaldívar.